Aborto, alegar, y objetar

Martes, 27 de Julio de 2010 16:42 OPINIÓN - CARTAS DE LOS LECTORES

  Marcos Gutiérrez Sanjuán desde Torres. A unos veinte días de entrada en vigor de la Ley del Aborto, y unos setenta médicos de la provincia de Jaén se declaran objetores. Según el Colegio Oficial de Médicos, que aunque sea a efectos estadísticos ha creado un registro de objetores.

Si no fuera por ese registro no sabríamos si hay uno o cien, pues en la Administración ese dato lo ocultarían, como ocultan los protocolos, y evitan el comunicar las nuevas “competencias” con forme a la Ley del Procedimiento Común, o de las Administraciones del Estado. A mi juicio, la objeción es una postura inicial, y mínima, cuando no te afecta. Pero cuando la norma que molesta oprime además, existen otras vías. Basadas en otros derechos ciudadanos, como son los de participación que recoge esa citada Ley de las Administraciones: alegaciones, quejas, sugerencias.Un mundo de posibilidades se abren al ciudadano, al administrado, al funcionario o estatutario: médico, enfermero, trabajador social, funcionario de la administración, personal auxiliar, etcétera. Comprendo la situación de conflicto moral y emocional que el aborto crea a médicos de atención primaria y enfermeros. Cuando conocen el código deontológico y están convencidos de él. Cuando no, pues nada: “Ahí te dejo tres IVEs para que las tramites”. El médico le pasa el testigo al funcionario que con su nombre, firma y sello tiene que diligenciar urgentemente y en secreto sumarial el asunto. El asunto es una cuestión que a un gran sector de la sociedad no deja impasible, pero sí a otro grandísimo porcentaje. Eso que figura en el asunto con el acrónimo IVE, se trata de una interrupción violenta en la vida de un ser humano que se aloja dentro de otro. Un conflicto, dicen, que se soluciona con la eliminación del más débil siempre. El funcionario del Servicio de Salud se convierte en un instructor extrajudicial de un proceso de muerte, y eso es una novedad para él. Algo que no figuraba en sus cometidos, y alguien le tiene que decir que a partir de ahora le toca hacer de eso. Aquí el médico o enfermero hace de juez, el trabajador social de fiscal, y el funcionario de instructor de la pena capital. Algo que a un porcentaje notable de la sociedad le incomoda, pero a otro no. Como se trata de un conflicto de pareceres, el de los que mandan, y el de los que se resisten a obedecer, estos últimos tienen la tutela judicial siempre abierta; pero antes han de exponer sus alegaciones a los cometidos que administrativamente les imponga Sanidad. Así que a prepararse, alegar, u objetar, o si es muy bien mandado: ejercer de ejecutor de esa Ley del Aborto.