Garzón, o el principio del fin del punto final.

Militares para la Democracia considera que los crímenes contra la Humanidad no deberían prescribir en plazos temporales razonables.(100 años).  Es decir un tiempo que facilite que sus autores, o beneficiarios estén vivos o jurídicamente activos en caso de que los beneficioarios sean personalidades jurídicas. Fuera de ese plazo debe ser la Ciencia de la Historia la que debe realizar su escrupuloso y contrastable trabajo.


Así cuando el juez Garzón decidió actuar contra Pinochet encontramos loable su iniciativa, pues marcaba un antes y un después contra déspotas y asesinos institucionales, protegidos por Leyes de Punto Final, o argumentos similares.

Militares para la Democracia encontró en su momento razonable cuando el día 24 de enero del año 2000 el juez Baltasar Garzón Real estampaba su firma definitiva en contra de la querella interpuesta dos años antes por la «Asociación de Familiares y amigos de víctimas de genocidio en Paracuellos del Jarama». 

Denunciaban los fusilamientos en la Guerra Civil en Paracuellos entre noviembre y diciembre de 1936.


Sin embargo loos razonamientos del magistrado eran severísimos:

1. Acusaba a los demandantes de «mala fe», de tomarse «a la ligera las normas básicas de nuestro ordenamiento jurídico» y «hacer mofa y escarnio de la serenidad que toda actividad jurisdiccional comporta». 
2. En aquella sentencia decía exactamente que los fusilamientos «están prescritos al haber transcurrido más de veinte años», que la amnistía dictada el 25 de noviembre de 1975 «veda cualquier posibilidad de reiniciar la persecución penal por los actos de nuestra Guerra Civil» y que además «el delito de genocidio no se encontraba tipificado en España en la fecha de los hechos». 

Cuando las víctimas del franquismo se dirigieron diez años después a Garzón obtuvieron exactamente la respuesta contraria: pidió las actas de defunción de los responsables, se proclamó competente para juzgar y obvió la amnistía. 

En este caso el magistrado Garzón consideró que los crímenes constituían delito de genocidio, y no habían prescrito ni estaban perdonados. 



Militares para la Democracia encuentra contradictorio el posicionamiento intelectual del juez, que interpreta la Ley en un sentido u otro en base de criterios inexplicados y contrarios a los argumentos que él mismo invoca: el orden jurídico español.

Ahora, y entre otras causas, el magistrado se enfrenta como un ciudadano más a denuncias ante los Jueces españoles. Creemos que el magistrado es inocente de los delitos que le acusan, esperamos que el magistrado haga el mejor uso de las garantías que le protegen en el ordenamiento jurídico español, y que consecuentemente argumente en defensa de esos principios de justicia que compartimos con él. Esperamos que del juicio salga luz para todas las partes.