Madrid, a 12 de noviembre de 2010.- El Centro Jurídico Tomás Moro, como asociación civil defensora de los derechos humanos, se ve en la obligación de disentir profundamente de las declaraciones realizadas por la Ministra de Asuntos Exteriores, doña Trinidad Jiménez, por suponer las mismas un claro desinterés del gobierno en la protección de los derechos humanos.
Efectivamente, en unas declaraciones sumamente desafortunadas, la propia ministra ha manifestado que el Gobierno solicitará a Marruecos el esclarecimiento de la muerte del español Don Baby Hamady. Consideramos que dicha actuación es claramente insuficiente, dado que lo primero que debería hacer nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores es condenar los luctuosos acontecimientos producidos recientemente en el Sahara Occidental.
Así, ante una clara violación de los derechos humanos, lo procedente es la condena expresa, posponiéndose las medidas efectivas a un posterior esclarecimiento de los hechos.
Más sorprendentes resultan sus manifestaciones en el sentido de que ningún gobierno ha condenada los hechos porque no se conoce el recuento. Tres apreciaciones es necesario referir:
1ª- España no se puede comparar a ningún gobierno del mundo occidental, ya que es indiscutible nuestra responsabilidad moral en la triste existencias de las miles de personas que viven en el antiguo Sáhara español.
2ª-De igual forma, resulta sorprendente condicionar la condena al recuento, pues en cualquier violación de los derechos humanos, la importancia reside en la violación misma, y no en las personas afectadas.
3ª- Entra las víctimas se encuentra una español, don Babu Hamady, y no como los medios oficiales refieren, “un ciudadano con DNI español”. Consideramos que no es necesario recordar que un ciudadano con DNI español, es español en plenitud de derechos.
Igual de desafortunadas manifestaciones son las realizadas al decir que “la relación del gobierno es un tema de Estado” y que hay “intereses económicos, estratégicos, que debemos respetar” o que “Marruecos es prioridad en política exterior”.
Ante todo, es necesario manifestar que la prioridad en política exterior de cualquier país es, y ha de ser, necesariamente el respeto de los derechos humanos, y del derecho natural. Si bien es cierto que este gobierno en numerosas ocasiones ha antepuesto los intereses económicos a los derechos humanos (en el caso de la legislación abortista, la venta de armas a terceros países …), o los intereses estratégicos a los derechos humanos (relaciones con dictaduras de Cuba, Venezuela …), dicha circunstancia ha de ser enmendada con carácter urgente, si queremos que España siga contando en el concierto de naciones como un país libre.
Por último, resulta preocupante el poco interés en la defensa a la libertad de prensa, que recordemos es un pilar básico en cualquier estado de derecho.
Por todo ello, solicitamos a la Ministra de Asuntos Exteriores:
1º Que se posicione de forma clara con las víctimas.
2º Que transmita a la fiscalía de la Audiencia Nacional, la necesidad de abrir una investigación, no siendo válida la que en su día realice Marruecos, pues dicho estado es parte interesada en los tristes acontecimientos.
3ª Que adopte en su política exterior, los derechos humanos, y la libertad como norte y guía de su actuación, y no los espurios intereses económicos.
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